Acerca de decreto 0401 de 2020
Acerca de decreto 0401 de 2020
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El Tribunal Constitucional ha claro que esa situación de extraordinaria y urgente indigencia puede deducirse «de una pluralidad de instrumentos», entre ellos, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
En primer sitio, debe atenderse a la efectividad social y económica de los hogares en el contemporáneo contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de proposición asequible de vivienda, Ganadorí como de sobreexposición financiera de los hogares al plazo del alquiler, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-condición 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y crematístico para hacer frente al COVID-19.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, a excepción de aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
«10. Las exenciones en la cotización reguladas en la presente disposición adicional estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante un insignificante de seis meses y un máximo de dos primaveras siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.
a) Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema indigencia. Al finalidad de analizar el estado de indigencia se valorará adecuadamente el crónica de los servicios sociales emitido conforme al apartado posterior.
Disposiciones relativas a los concesionarios de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera competencia de la Oficina General del Estado
Que el asunto del presente decreto no tiene incidencia en la osado competencia en los mercados, luego, el mismo no requirió concepto previo de Jurisprudencia de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las respuestas al formulario dispuesto por dicha superintendencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° de la Clase 1340 de 2009.
c) Se procederá al reintegro total en el supuesto de no remitir la acreditación acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente Existente decreto-clase o las auditoríCampeón o certificados de la intervención de la entidad Circunscrito o autonómica correspondiente, según el tipo de beneficiario, recogidos en apartado 3 preliminar, en el plazo de un año desde la solicitud oficial del mismo por parte de la Dirección Militar de Estrategias de Movilidad.
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b) Se solicitará a los beneficiarios una auditoría o certificado de la persona a la que corresponda, de acuerdo con las normas estatutarias, las funciones de Certidumbre pública o las de fiscalización de la dirección económico financiera, en el que se evidencie el cumplimiento de los requisitos recogidos en los artículos 37.4, 39, 41 y 42, que les serán de aplicación a estas ayudas, incluyendo la comprobación que no se producen situaciones de doble financiación y que se han dedicado los importes percibidos exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte sabido y, en todo caso, a compensar a los operadores de transporte por la merma de ingresos que supuso la implantación de la medida en los plazos establecidos en la norma.
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Las comunidades autónomas y entidades locales que sean beneficiarias de las ayudas deberán dirigir información para poder valorar el propósito que ha tenido la implantación de los descuentos en el número de usuarios del transporte manifiesto, en los términos que se explicite por el Servicio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Por su parte, la disposición adicional tercera, de extensión de medidas de apoyo agrario por la DANA en la provincia de Valencia, reúne aún las notas de extraordinaria y urgente falta. Una vez transcurrido un cierto tiempo desde el impacto original de la DANA y disponiéndose aunque de una información más precisa y certera sobre la magnitud de los daños ocasionados por la misma, se ha podido comprobar la existencia de parcelas resolución 0312 de 2019 de que habla o explotaciones agrarias que se han gastado gravemente afectadas por aquella y que sin embargo no se encuentran en los términos municipales del ámbito de aplicación previsto en el Vivo Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, sino en otros próximos, en su longevoía limítrofes.